ARBITRAJE
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Año tras año es creciente la utilización del arbitraje como medio adecuado para la resolución de controversias en el que las partes definen un tercero imparcial e independiente de la demanda para analizar y juzgar el conflicto. Las partes también pueden definir una institución para promover la administración del procedimiento por medio de la gestión de costos y documentos, servicio prestado por centros como el CAM-CCBC.
El arbitraje es un método que presenta bastante demanda en razón de las siguientes ventajas:
Celeridad en la resolución del conflicto
Confidencialidade
Economicidade
Flexibilidad del procedimiento
Elección de legislación, sede e idioma del procedimiento
Experiencia del árbitro elegido
Estas son características que el CAM-CCBC busca mantener al realizar la administración de procedimientos, garantizando calidad y eficiencia del método.
La práctica pasó a difundirse en Brasil hace poco más de dos décadas, cuando se promulgó la Ley del Arbitraje (Ley 9.307/1996). Representando uno de los principales avances en el área, la Ley de Arbitraje superó obstáculos que impedían la expansión del arbitraje en el país como la equiparación del árbitro al juez profesional y la no necesidad de homologación de la Sentencia Arbitral ante el Poder Judicial.
La Ley establece que las partes son libres en la elección de las reglas de Derecho que se aplicarán, así como el proceso puede realizarse con base en los principios generales del Derecho, en los usos y costumbres y en las reglas internacionales de comercio.
Otro importante paso dado en Brasil fue la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y ejecución de las Decisiones Arbitrales Extranjeras de 1958 (conocida como Convención de Nueva York). El documento es considerado el más importante acuerdo multilateral del Arbitraje Internacional y ha sido ratificado por más de 150 países. Al convertirse en signatario de la convención en 2002, Brasil pasó a ser reconocido por la comunidad internacional como favorable a la utilización del arbitraje como un método eficaz para la solución de controversias a nivel internacional.
En 2015, el país reformó la legislación aclarando, por ejemplo, que el arbitraje puede ser utilizado por entes de la administración pública directa e indirecta, a fin de solucionar conflictos patrimoniales.